Diputados exigen regresar a la tarifa de 7 pesos del transporte

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El año pasado yendo en contra de sus promesas, el gobierno del estado autorizo el aumento al transporte público por la cantidad de 9.50 pesos (10.00 pesos, por que la maquina no da cambio) por lo que las diputadas del PRI Mariana Fernández y Sofía García Mosqueda se oponen a que se sigan «certificando» rutas para cobrar 9.50 pesos y el servicio deficiente continúe.

El aumento a 9.50 se realizó “utilizando como argumento un acuerdo de 2018 del Comité de Validación Tarifaria que autorizaba a subir la tarifa del “Transporte Colectivo, siempre que se cumplieran una mejora importante en las unidades y el servicio” y aun no se tiene ni lo uno ni lo otro, las unidades están sucias, con el mobiliario roto, los camiones siguen siendo los mismos y el servicio es pésimo, los choferes no cuentan con capacitación, aparte que algunos son hasta groseros, no respetan las paradas, no dan cambio y a veces ni boleto, “decimos que es ilegal, porque lo primero que hicieron fue subir el precio del pasaje en el Tren Ligero y el Macrobús, que no son “Transporte Colectivo” sino “Transporte Masivo”.

De igual manera el Microbús no ha mejorado, sigue con los mismos daños en sus puertas, no se ha mejorado el señalamiento, no se han cambiado las divisiones de carril, ni se ha cambiado ni mejorado el sistema de prepago, el Tren Ligero está esperando la instalación y reparación de elevadores, así como unas nuevas escaleras eléctricas de la estación Juárez.

Después del alza a las tarifas las diputadas reunieron más de 4 mil firmas y presentaron Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado y un Amparo ante el Poder Judicial Federal con respecto a las tarifas del transporte masivo, obteniendo una respuesta negativa por ambas partes, el magistrado asegura que las firmas no corresponden al texto del documento, cuanto al Juicio de amparo, la demanda fue admitida el 25 de agosto se negó la suspensión temporal y el 2 de octubre 2019 se negó definitivamente la suspensión de este cobro ilegal.

El 31 de enero 2020 se sobresello el juicio de amparo apelando a que no se había acreditado el interés jurídico y legítimo, ya que los boletos del tren no llevan el nombre de quien los adquiere y por qué no se presentaron pruebas de que las más de 4 mil firmas presentadas fueran de personas que viven cerca y tienen la necesidad del uso del transporte público en cuestión.

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